En defensa
de todos los católicos
que defienden a la Iglesia

Ref.: Los derechos naturales y canónicos del Clero y del Laicado, en los casos de abuso cometido por una Autoridad eclesiástica.

La Iglesia es una institución basada en la jerarquía, cuyos miembros, deben obediencia a los Pastores sagrados en su correcta enseñanza de la Fe y de la Moral y en sus actos de gobierno, — máxime cuando se trata de la enseñanza y del gobierno del Sumo Pontífice. Sin embargo, a los dirigentes de la Iglesia no les es permitido que abusen de su autoridad, ni que perjudiquen el bien común, en mayor grado que el permitido a los gobernantes de simples comunidades civiles. En verdad, el deber de los Pastores sagrados es aún más elevado que el de los gobernantes seculares, cuando se trata de administrar con justicia y de aceptar una correción, siempre que ésta se justifique.

Por eso, los Grandes Santos y los Doctores de la Iglesia no han dudado en afirmar el derecho y el deber de los fieles — incluso de los miembros del Clero — de amonestar, aun públicamente, si necesario, y de pedir la retractación de un superior jerárquico, cuyos actos representen un escándalo público, que pongan la Fe en peligro o que perjudiquen el bien común de la Iglesia. Por ejemplo, en la Summa Theologica, sobre la cuestión “Si un hombre tiene el deber de censurar a su Prelado”, Santo Tomás nos enseña:

“Sin embargo, es preciso observar que si la Fe corre peligro, un subordinado debería censurar a su Prelado aunque sea en público. Por eso Pablo, que era subordinado de Pedro, lo censuró públicamente, a causa del inminente peligro de un escándalo concerniente a la Fe. (…)”1

Conforme relata la Sagrada Escritura (Gal. 2:11-14), Pedro, al negarse a comer con los gentiles bautizados en Antioquia, había escandalizado a los potenciales conversos y ponía en riesgo la misión de la Iglesia, por mostrar que guardaba algunos de los preceptos mosaicos relativos a la alimentación.

En este punto Santo Tomás observa que la justa censura pública de un Prelado por su subordinado no es insolente sino, en verdad, un acto de caridad, puesto que “no hay insolencia cuando uno piensa de sí mismo que es mejor en algún aspecto, porque en esta vida no hay nadie que no tenga algún defecto. Debemos recordar, además, que, cuando un hombre censura a su Prelado en espíritu de caridad, de ahí no se concluye que se considere mejor que él, si no más bien que ofrece su ayuda a alguien que, ‘por estar en una elevada posición entre vosotros, por eso mismo corre mayor riesgo’, según observa Agustín en su Regla mencionada más arriba.”2

San Roberto Belarmino, en respuesta a la espuria afirmación de los protestantes, de que los católicos ven al Papa como un monarca absoluto, que no tiene que someterse a ninguna ley ni restricción, escribió lo siguiente:

Así como es lícito oponerse al Pontífice que decide agredir el cuerpo, es igualmente lícito oponerse al que decide agredir las almas o al que perturba el orden civil, o sobre todo, al que pretende destruir la Iglesia. Afirmo que es lícito oponérsele, negándose a hacer lo que ordena y evitando que se cumpla su voluntad; sin embargo, no es lícito juzgarlo, aplicarl castigos ni deponerlo, puesto que estos actos son de competencia de un superior.3

De igual modo, el eminente teólogo del siglo XVI, Francisco Suárez, a quien el Papa Pablo V honró con el título de Doctor Eximius et Pius (Doctor Eximio y Piadoso), nos enseñó que

Si [el Papa] emite una orden contraria a las buenas costumbres (moral), no deberá ser obedecido; si pretende hacer algo manifiestamente opuesto a la justicia y al bien común, será legítimo oponérsele (…)4

Podrían enumerarse otros ejemplos de esta misma doctrina, enseñada por los Doctores y Santos de la Iglesia; sin embargo, ésta es la cuestión: los súbditos leales a la Iglesia tienen el derecho y el deber de expresar su leal oposición a los prelados obstinados, cuyas acciones u omisiones perjudiquen a la Iglesia, y de procurar corregir el daño ocasionado.

En conclusión: El Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983 por el Papa Juan Pablo II reconoce los derechos otorgados por Dios a los fieles, tanto a los clérigos como a los seglares, con relación a lo siguiente:

Todos los católicos bautizados (naturalmente, se incluyen los clérigos), “tienen la libertad de comunicar a los Pastores de la Iglesia sus carencias, especialmente las espirituales, y sus anhelos.”5

Con “el respeto a la integridad de la Fe y de la Moral” y con “la reverencia debida a los Pastores”, todos los católicos bautizados “tienen el derecho — y, por cierto, a veces el deber —, en la medida de sus conocimientos, de su competencia y de su posición, de manifestarle a los Pastores sagrados sus aprehensiones, respecto a asuntos que afecten al bien de la Iglesia. Tienen, además, el derecho de que otros fieles en Cristo conozcan sus aprehensiones (…)”6

Todos los católicos bautizados tienen el derecho de recurrir al Sumo Pontífice, de forma directa e inmediata, acerca de asuntos concernientes a la jurisdicción eclesiástica, sin ninguna interferencia de los procedimientos canónicos.7

Notas

  1. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, Parte II-II, Cuestión 33, Artículo IV, Ad. 2.

  2. Summa Theologica, Parte II-II, C. 33, Art. V.

  3. San Roberto Belarmino, De Romano Pontífice, Libro II, Capítulo 29.

  4. Francisco Suárez, De Fide, Disp. X, Secc. VI, Nº 16.

  5. Código de Derecho Canónico, Canon 212, para. 2.

  6. Código de Derecho Canónico, Canon 212, para 3.

  7. Primer Concilio Vaticano (1870), Dz. 1830, D.S. 3063: Segundo Concilio de Lyon (1274), Dz. 466 Código de Derecho Canónico, Cânones 212 y 1417 para. 1.