Perspectivas sobre Fátima

La fingida "inversión" de la pena capital
El papel de Juan Pablo II

por Christopher A. Ferrara
el 17 de octubre de 2017

Mis dos últimos artículos han tratado sobre la intención aparente del Papa Francisco de intentar alterar la doctrina de la Iglesia para declarar, contrariamente a las enseñanzas de los últimos 2000 años, que la pena capital es inmoral “por sí sóla” e “inadmisible…por más grave que fuese el crimen cometido…” Cualquier tentativa de imponer esta novedad como si fuese “doctrina de la Iglesia” sería un abuso declarado de la autoridad papal que no puede, de modo alguno, pertenecer al Magisterio auténtico. Los principios morales presentados por el Magisterio a través de los siglos, incluso su defensa constante de la moralidad de la pena capital como un asunto de la verdad revelada (cf. Rom. 3:14), no pueden ser “revocados” como si fuesen una simple legislación civil.

Pero aquí no se puede pasar por alto el papel preparatorio de Juan Pablo II. Aunque la edición definitiva en latín de su Catecismo, publicada en 1997 (traducción en español aquí), afirma (§2267) que “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye…el recurso a la pena de muerte”, se desvía inmediatamente al terreno de las evaluaciones factuales contingentes, que superan claramente la competencia del Magisterio, tal como es. Citando extensamente el párrafo pertinente: 

“La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo ‘suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos’”. (citando a Evangelium Vitae, 56)

Fijaos en la proliferación de frases vagas y ambiguas, que no dan una clara orientación moral, sino apenas intimaciones de que la pena capital debe ser evitada. Pero segundo, ¿qué criterio pueden tener las autoridades civiles para estar ciertos de que la pena capital es “el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas” o que “los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas”?  No se presenta ninguno. ¿Qué significado tendría la frase “condiciones concretas del bien común”? Ninguna, que yo vea.

Y si la pena capital es consistente con la defensa de la dignidad humana y sancionada por ésta, como la Iglesia siempre ha enseñado, ¿qué significa decir que una punición menor está “más” en conformidad con la dignidad humana? ¿Mucho o poco más? ¿Habrá una diferencia moralmente imperativa en este quantum indefinido de mayor conformidad para con la dignidad humana? Y cuanto a la cuestión de la dignidad humana, como ya señalé en la revista Crisis, hace participar la dignidad sobrenatural del hombre y la vida eterna, y no simplemente su existencia biológica en la tierra, y ¿“quién puede decir que asesinos condenados que languidecen en prisiones que son cloacas de inmoralidad tienen más posibilidad de que un hombre condenado de recibir la gracia de la penitencia final”?

Aún más digna de objeción es la afirmación de que “como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido… los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo ‘suceden muy rara vez…’” ¿Qué posibilidades? Esencialmente, hay sólo una además de la pena capital: prisión perpetua, que ha estado siempre disponible para el Estado. Pero el Papa Francisco, poniendo de parte todas las restricciones del Magisterio, hasta se quejó de las sentencias de prisión perpetua, llamándolas “penas de muerte oculta”. Aparentemente, hasta los asesinos de masas tendrían que ser libertados eventualmente, según esta extraña opinión.

De todas formas, a un nivel puramente factual, las prisiones muchas veces fracasan, y fracasan miserablemente, en la tarea de hacer a un preso “inofensivo”, como verificamos en los casos frecuentes de asesinato de un preso por otro o de guardas por los presos, o de miembros inocentes de la población general por los prófugos. La pretensión es demostrablemente falsa.

¿Cómo se puede entender la frase “muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos”? Ningún Papa puede arrogarse el derecho de investigar los sistemas de justicia de todo el mundo y de declarar que los casos en que la pena capital es necesaria son – siempre y en toda parte – “muy raros”. ¿Y cómo se determina que raro es “muy” raro? Cuanto a las “si es que ya en realidad se dan algunos”, ¿cómo es que “algunos” en el sentido pragmático, difiere de “algunos” simpliciter? Vemos aquí cómo el Magisterio auténtico, cuyas enseñanzas son claras y aplicables universalmente, no procede con desvíos adjetivales de un principio moral. ¡Como si la Iglesia pudiese de alguna manera imponer sobre los fieles la creencia disparatada de que un acto que siempre se había defendido como moralmente legítimo según el Evangelio está, a pesar de eso, nunca, o casi nunca, permitido!

Para ser franco, la frase “muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos” está esencialmente desprovista de sentido. No puede servir como un principio moral aplicable universalmente. Mas bien sirve de barniz lingüístico, empleado para sugerir una especie de inmoralidad virtual de la pena capital sin osar declararlo abiertamente, como el Papa Francisco ahora hace.

Otro problema, aún más profundo: El párrafo citado del Catecismo de 1997 sugiere, sin decirlo explícitamente, que la única justificación moral de la pena capital es la protección de otros de futuras agresiones del asesino condenado. Pero la sección anterior del mismo Catecismo declara: “La autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de infligir puniciones proporcionadas a la gravedad del crimen. El castigo tiene la finalidad primaria de reparar el daño introducido por el crimen. Cuando es aceptado de buen grado por la parte culpable, asume el valor de expiación”. Con efecto, la resignación del Buen Ladrón al justo castigo de sus crímenes – la muerte – fue una manifestación de su justificación en la gracia del Salvador en Quién creía.

Un castigo que corresponde al crimen, la reparación de los daños, y la expiación por el crimen no son bases menores para la pena capital por asesinato de lo que lo son para penas menores impuestas por crímenes menores. Siempre ha sido así, pero los autores del Catecismo intentan crear una excepción para la pena capital basada en nada más que la noción claramente errada de que las prisiones modernas hacen a los asesinos inofensivos. Aquí no hay una verdadera distinción moral, sino apenas un rechazo emocional e irracional de la pena de muerte con base en los sentimientos liberales que prevalecen en nuestro tiempo. Francisco se mofa de la adherencia a la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la pena capital, llamándola “populismo penal”, pero es precisamente el populismo penal el que exige indulgencia para los asesinos condenados pero muerte para los inocentes que no han nacido.

En su Catecismo, Juan Pablo II afirma el principio moral inmutable de que la pena capital es moralmente lícita, pero lo socava con pretensiones factuales evidentemente dudosas que no pueden pertenecer a la doctrina católica. Sin embargo, explorando esa abertura, Francisco propone ahora contradecir el principio moral en sí, declarando ser inmoral lo que la Iglesia siempre ha defendido como siendo consistente con el Evangelio y, de hecho, con la defensa de la dignidad humana contra criminales violentos que privan de vida a personas inocentes y que, por tal razón (recordando la enseñanza de Pio XII, que reflecte toda la Tradición) pierden justamente el derecho a las suyas.

Sin embargo, aquí también Juan Pablo II ha abierto camino. En un sermón que hizo en Saint Louis el 27 de septiembre de 1999, él también parecía atacar el princio moral en sí:

“La nueva evangelización se dirige a los seguidores de Cristo que son incondicionalmente pro-vida: que proclamarán, celebrarán y servirán al Evangelio de vida en todas las situaciones. Una señal de esperanza es el reconocimiento creciente de que la dignidad de la vida humana nunca debe ser retirada, aun en el caso de alguien que haya hecho un gran mal. La sociedad moderna tiene los medios de protegerse, sin negar definitivamente a los criminales la oportunidad de enmendarse (cf. Evangelium Vitae, 27). Renuevo la apelación que he hecho muy recientemente en la Natividad para un consenso en el sentido de abolir la pena de muerte, que es tan cruel como innecesaria”.

Por lo menos Juan Pablo II intentó limitar su opinión con la contención factual – claramente falsa – de que la “sociedad moderna tiene los medios de protegerse” contra los asesinos, encerrándolos en prisiones, que no es realmente una opción peculiar a la “sociedad moderna”. Cuanto a la afirmación de que hoy hay un “reconocimiento creciente de que la dignidad de la vida humana nunca debe ser retirada, aun en el caso de alguien que haya hecho gran mal”, es imposible llevar esta pretensión en serio en una sociedad que admite, protege legalmente y hasta subsidia el asesinato en masa de niños inocentes en el seno materno al mismo tiempo que los liberales, siempre sentimentales, exigen el “derecho a la vida” hasta para los peores asesinos. ¿Y cómo podría Juan Pablo II denunciar como que es “tan cruel como innecesaria” – y por lo tanto inmoral – una forma de castigo que la Iglesia nunca ha dejado de defender como que es moralmente legítima, hasta en su propio confusamente elaborado Catecismo?  

La “desorientación diabólica” de que habló Sor Lucía a la luz del Tercer Secreto se ha manifestado en muchas maneras a lo largo del medio siglo que ha pasado desde que el Papa Juan XXIII suprimió el Secreto en 1960. Una de las maneras es la intrusión hacia el interior de documentos conciliares y papales normalmente concisos, durante y después del Vaticano II, de obiter dicta involucrando observaciones sociológicas, ambigüedades sin límites fijos, pretensiones factuales dudosas y hasta simples opiniones personales que, cuando son examinadas de cerca, se verifica que no poseen peso doctrinal alguno. Con esta corrupción lingüística, ha llegado también una prolongación verdaderamente absurda de los documentos papales que han llegado a ser hasta libros – libros que casi nadie lee.

Uno de los felices resultados de la Consagración de Rusia, cuando por fin se haga, será el regreso a una expresión simple y a la claridad cristalina que irradian de forma impresionante todo el corpus doctrinal de los Papas ante del comienzo de la actual confusión. Qué Dios, en Su bondad, apresure el adviento de esta bendita restauración.